La molestia del gobierno de Estados Unidos por la reforma a la Ley de Seguridad sigue creciendo y generando tensiones en las relaciones bilaterales. Deben sentirse traicionados en Washington por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, para salvarlo de una rebelión en el Ejército con consecuencias para los dos países, le enviaron de regreso al general Salvador Cienfuegos, a quien detuvieron por presuntos vínculos con el narcotráfico, para que en México lo juzgaran. A esa indignación se le va a sumar otra, recientemente ordenada por el Presidente: judicializar en México la Operación Rápido y Furioso.
López Obrador tiene una fijación con la Operación Rápido y Furioso, y le ha servido para denostar sistemáticamente al expresidente Felipe Calderón. Este ha negado las imputaciones y afirmado que esa operación fue secreta, y que su gobierno tuvo conocimiento de ella hasta que se hicieron públicos los detalles de la Operación, que dio origen a una exigencia al gobierno de Estados Unidos para que frenara el flujo de armas a México. Una nota diplomática que se envió a Washington por instrucciones de López Obrador en busca de explicaciones sobre el operativo fue respondida hace meses con un simple “es un asunto cerrado”.
El Presidente no se quedó con ello. Instruyó a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica de la Presidencia para que judicialicen el caso y procedan a acusar a Calderón, al entonces procurador general, Eduardo Medina Mora, y a varios funcionarios de la extinta PGR, de homicidio por haber dejado pasar las armas. Esta acusación tendrá implicaciones naturales y necesarias en la Agencia de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego (ATF), que fue la responsable de esa operación, no la DEA, como cree equivocadamente López Obrador.
La Operación Rápido y Furioso comenzó a finales de 2009, cuando la oficina de ATF en Arizona recibió información sobre compras de armas en efectivo. Detectaron que el mexicano Jaime Ávila habìa comprado dos rifles de asalto AK-47, pero en lugar de detenerlo, lo siguió. Esa iniciativa se convirtió en un operativo audaz, pero se les salió de las manos y los asesinatos con armas que se suponía rastreaban, aumentaron. Un correo electrónico interno de ATF reportó que en marzo de 2010 hubo 958 asesinatos, el mes más violento desde 2005, y que personas que vigilaban compraron ese mismo mes 359 armas de alto calibre, incluidos “numerosos” rifles Barrett calibre 50. Rápido y Furioso, fe autorizada por el Departamento de Justicia, se colapsó el 14 de diciembre de 2010, cuando en una ruta de contrabando de drogas en Arizona, cerca de la frontera con México, un escuadrón táctico especial de la Patrulla Fronteriza se enfrentó con narcotraficantes, y murió el agente Brian Terry, con la bala de una arma que habían dejado que compraran criminales mexicanos.
El asesinato de Terry reveló uno de los más grandes fiascos de las agencias estadounidenses, la Operación Rápido y Furioso, que tuvo como precursor el Proyecto Gunrunner, implementado entre 2005 y 2008 para frenar el flujo de armas a los cárteles de la droga mexicanos desde Estados Unidos. Su predecesor, la operación Wide Receiver, en 2006 y 2007, vigilaba las compras de armas rumbo a México, y detenía a los contrabandistas antes de cruzar la frontera. Rápido y Furioso fue un escándalo para el gobierno de Barack Obama. El entonces procurador Eric Holden se negó a entregar los documentos de la Operación a un panel que la investigó en la Cámara de Represetantes, por lo cual lo acusaron de desacato. Finalmente, tras seis años de negociación del Departamento de Justicia con el Capitolio, se publicaron los documentos.
López Obrador va a revivir todo el caso. Originalmente quería conocer si Calderón había violado la Constitución y si el gobierno de Estados Unidos había realizado operaciones ilegales en México. En cualquier caso, no le alcanzaba para procesar al ex presidente. Ahora, con la acusación de homicidio, ha visto una posibilidad real de ponerlo ante un juez.
La Fiscalía y la Conserjería Jurídica van a tener dificultades para ligar a Calderón con la Operación, pero tiene posibilidades para encauzar a Medina Mora, no sólo por el presunto delito de homicidio, sino por el presunto delito de traición a la Patria, aunque tendrá que excarbar la documentación de Estados Unidos. La ATF hizo una Revisión de la Operación Rápido y Furioso en noviembre de 2012, donde Bill Newell, agente especial a cargo de la oficina de la ATF en Phoenix, dijo que la oficina de la agencia en México y la policía mexicana –no la PGR-, se mantuviera “en la oscuridad” sobre esa operación que estuvo a su cargo. Uno de sus agentes, John Dodson, le reveló a la cadena de televisión CBS que todo fue mantenido en secreto para que no se enterara el gobierno de México.
Medina Mora también ha negado siempre haber conocido de Rápido y Furioso, pero Dolia Estévez, una veterana periodista en Washington, encontró el memorando de una reunión en Washington en noviembre de 2007 entre los procuradores Michael Mukasey y Medina Mora, donde hablaron de investigaciones conjuntas de “entregas controladas” en las que participaran agentes mexicanos. No se sabe si aquello se concretó, pero esa es la prueba que el ex procurador mexicano sí fue enterado de lo que iban a hacer. Lo único es que cuando comenzó Rápido y Furioso, Medina Mora ya había sido sustituido, el año previo, por Arturo Chávez y Chávez, y en las operaciones previas, el procurador involucrado era Daniel Cabeza de Vaca, cercano hoy a Palacio Nacional.
Así que la obsesión de López Obrador contra Calderón tiene que estar muy bien armada judicialmente y documentada, para que se sustente la acusación de homicidio. De otra forma quedará todo en lo que hasta ahora parece, la persecusión política de quien le ganó la Presidencia en 2006.
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