Todas las mañanas a las 6, comienza en Palacio Nacional la reunión del gabinete de seguridad. El Presidente siempre se refiere a él, transmitiendo el mensaje de que ese lacerante fenómeno sobre la sociedad mexicana, está siendo diariamente analizado para enfrentarlo, neutralizarlo y acabarlo. La realidad es muy diferente, y ese “gabinete de seguridad”, así, entre comillas, es el peor engaño para los mexicanos, que así como lo señalan entre sus tres principales preocupaciones, guardan esperanza de que López Obrador pueda hacer algo contra la inseguridad.
Por una parte, ese “gabinete de seguridad” no existe legalmente, y sólo funciona para efectos de comunicación política. Y por la otra, esa sesión de gabinete es más bien una mesa política, donde se revisan los temas que interesan al Presidente y resuelve cómo abordar aquellos que le pueden costar. Como siempre lo hace, da instrucciones transversales, responsabilizando de temas a quien muchas veces no tiene las atribuciones, violentando la ley, lo que en los tiempos actuales, se ha vuelto aceptable para muchos.
Los temas de seguridad importantes no los tocan ahí los secretarios de la Defensa, ni de la Marina. Tampoco el director del Centro Nacional de Inteligencia. Asiste tanta gente, alguna que muchos de los asiduos no saben quién es, que ninguna de las áreas sensibles del gobierno expone los asuntos relevantes. Si el general Luis Cresencio Sandoval, o el almirante Rafael Ojeda, o el director de inteligencia civil, Audomaro Martínez, tienen cosas urgentes que informar al Presidente, se lo dicen en privado.
La seguridad, en la intimidad de Palacio, no está en las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es sólo en el corazón del poder federal, sino que se desdobla por todo el país. Hace ya varias semanas hubo ajustes en varias de las reuniones de coordinación de seguridad en los estados, donde los responsables de encabezarlas, regularmente el delegado del CNI, fueron presididas por los delegados de la Secretaría del Bienestar. Es decir, la seguridad fue hecha a un lado porque lo importante para el Presidente es el tema electoral.
Convertida en el brazo operativo de la maquinaria de votos que se diseña y maneja desde la oficina contigua de López Obrador, donde está Gabriel García Hernández, el coordinador de los delegados federales que tiene un rango superior en lo formal al titular de Bienestar, esa Secretaría se convierte en el receptáculo de la información no sólo de seguridad, sino de los componentes de la turbulencia social que se experimenten en un estado, así como los grupos y las fuerzas políticas que la incitan.
Esto significa que toda la información de inteligencia, que debería estar circunscrita al conocimiento exclusivo de las áreas correspondientes, es capturada y procesada con fines políticos-electorales, lo que es una perversión del instrumento, que afecta invariablemente la tarea de prevención y combate a la delincuencia. Sin embargo, esto llega a ser superado en ocasiones por acciones más graves del gobierno federal.
Hay estados donde los representantes federales de Seguridad, Defensa, Marina, Gobernación y CNI, ni siquiera dialogan con sus contrapartes estatales para coordinar estrategias de seguridad, y hay otros, donde el delegado de la Secretaría del Bienestar abandonó las reuniones, en un acto de indolencia y negligencia, no del representante en sí mismo, sino de sus jefes. Hay otros donde la estructura original no ha sufrido demasiadas alteraciones, donde mensualmente se reúnen los más altos responsables en las áreas de seguridad con el gobernador –aunque nunca acude el representante del gobierno federal-, y las semanales las encabeza el secretario de Seguridad Pública local. En las reuniones diarias no existe coordinador alguno.
La seguridad, por cuanto a los delitos que más impactan en la sociedad, no va mejorando. Durante octubre, de acuerdo con las cifras del gobierno que dio a conocer la semana pasada el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, se incrementó el número de víctimas por homicidio doloso y feminicidios. La disminución de algunos delitos que había presumido antes de renunciar al cargo Alfonso Durazo, estuvo directamente relacionada con el confinamiento por la pandemia del coronavirus. El mes pasado, con el relajamiento de las medidas de confinamiento, se comenzó a recuperar la tendencia, y se registraron 97 homicidios dolosos cada día.
La cifra de homicidios dolosos en octubre, incluido feminicidios, fue de tres mil 20 víctimas, lo que representó un incremento de 7.39% en comparación con septiembre, cuando se registraron dos mil 812. Mejía Berdeja explicó que la violencia se concentra en 12 puntos del país, enfatizando que está focalizada. Lo mismo sucedía desde las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero el discurso que enarbolaban quienes ahora gobiernan o sus voceros, es que el país estaba incendiado.
Aún así, la violencia en el gobierno de Calderón tuvo un punto de inflexión en mayo de 2011, cuya tendencia se mantuvo durante los dos primeros años de Peña Nieto, que como López Obrador, pactó implícitamente con los criminales. El escenario de seguridad se le descompuso a Peña Nieto en 2015, y las tasas de homicidio dolosos se fueron incrementando. En el gobierno de López Obrador, esos totales han sido rebasados ampliamente, convirtiendo los dos primeros años de su administración, como los más rojos en la historia del país.
La seguridad, que ha competido desde hace varios años con la economía de bolsillo como el tema de mayor preocupación entre los mexicanos, fue la prioridad mayor que estableció López Obrador al llegar a la Presidencia, para devolverle a la Nación la paz y la reconciliación. A la luz de los resultados, ha sido todo lo contrario, sin ejes estructurados y desconfianzas dentro del gobierno y con gobiernos estatales. Lo que sucede en el “gabinete de seguridad” no es mas que la metáfora de un Presidente con la cabeza en las urnas, no en los criminales.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
