Durante los últimos días, el tema energético ha vuelto a cobrar gran relevancia no sólo en México, sino a nivel regional con nuestro vecino geográfico y socio comercial Estados Unidos de América.
Recientemente, un grupo de legisladoras y legisladores estadounidenses enviaron al presidente Donald Trump una carta en la cual señalan que la actual política energética del país socava el espíritu del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por dos razones principales: porque da preferencia regulatoria a PEMEX y CFE y porque contraviene la reforma energética de 2014.
Explico por qué no comparto estas aseveraciones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera reiterada, ha calificado como prioritario el rescate del sector energético del país. La soberanía energética representa la no subordinación a intereses extranjeros en la materia, lo cual no quiere decir, sin embargo, que se rechace la inversión privada en los diversos ámbitos de la vida económica del país. Lo que se busca es establecer condiciones de verdadera competitividad para todas las empresas participantes en el ámbito energético, incluidas las de carácter público, como PEMEX y CFE.
El crecimiento equitativo para América del Norte, plasmado en el T-MEC como un objetivo común para los tres países se debe dar a partir de la igualdad de condiciones de competencia y no del detrimento de algunas empresas para favorecer a otras.
El capítulo 22 del T-MEC establece que los gobiernos firmantes podrán establecer o mantener empresas del Estado, sin que esto signifique que en nuestro país estemos prohibiendo a otras empresas los permisos ni las concesiones en materia de generación eléctrica. Lo que el Gobierno está haciendo es reordenar la participación privada para que no exista una sobreoferta de energía que afecte la suficiencia y la seguridad de su suministro a la población.
Sobre el argumento de que la actual política energética de México contraviene la reforma energética de 2014, el capítulo 8 del T-MEC señala que nuestro país se reserva su derecho soberano a reformar su Constitución y su legislación. En este sentido, el Tratado reconoce la prerrogativa que tienen las y los legisladores mexicanos para presentar iniciativas que reformen la Carta Magna, y aunque actualmente no existen proyectos de reforma en materia energética consensuados por la mayoría parlamentaria del Senado de la República, cada integrante del grupo tiene plena libertad, en respeto a los principios democráticos, de presentar iniciativas.
Ante los argumentos de legisladoras y legisladores estadounidenses, recordemos que el T-MEC habilita un mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado: cualquier diferendo puede ser resuelto a través de este mecanismo, sin la necesidad de politizar las relaciones comerciales entre los países firmantes.
Reconocemos y reconoceremos siempre la importancia de las inversiones extranjeras que aportan empleo y desarrollo a la nación, pero en este mismo sentido es importante generar condiciones de verdadera igualdad de competencia a través del estímulo, dentro de los límites que provee el marco legal, de las empresas públicas de México, las cuales durante décadas fueron desmanteladas.
Entre las atribuciones del Senado está vigilar los temas de la relación bilateral con EUA. Celebramos que el Congreso de ese país también lo haga. El camino para fortalecer lazos pasa por un diálogo que busque el beneficio de ambos pueblos, y nuestro compromiso es mantenerlo.
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