No sólo en Querétaro se ha discutido la medida de aplazamiento por un tiempo definido, la entrada en vigor de la Ley que prohibía su uso. En distintos estados y en diversas fechas se ha aplazado y uno que otro como en el caso de Chiapas, no se pospuso la aplicación.
Lo curioso de esta discusión es que son diversos los argumentos que se emplean para defender la idea de aplazamiento. Pero la tesis central descansa en la coyuntura de la pandemia, y entonces tenemos dos líneas argumentativas:
Por un lado están los que consideran correcto aplazar la medida para contribuir o apoyar al pequeño comercio ya que dichos establecimientos utilizan por costo y facilidad dichos productos de envase de plásticos o unicel y popotes, de ahí que el argumento es de carácter económico, y por tanto, nada tiene que ver con la protección del medio ambiente.
Y por otra parte, se menciona, sin prueba científica alguna, que los plásticos de un solo uso contribuyen a disminuir la propagación del virus, a diferencia de otros materiales, e incluso los biodegradables y de varios usos. En esta tesitura se encuentran los empresarios y cámaras de fabricantes de productos plásticos, que ponen como ejemplo a España que levantó la restricción. Con respecto a esta posición en la legislatura de Chiapas, se estimó que no hay evidencia científica que sostenga que los plásticos de un solo uso contribuyen a restar la propagación del virus.
Bajo todas estas circunstancias, presiones, argumentos e intereses, vale la pena en primer lugar desentrañar la parte ética de la cuestión, es decir, se considera ético utilizar los plásticos desechables y posponer la protección del medio ambiente, por razones económicas y en la otra postura, por razones de que contrarrestan la propagación del Covid 19.
Luego habría que entrar a analizar las distintas vías jurídicas, pues para unos estados como en la Ciudad de México, se trataría de levantar la restricción o considerar mediante decreto, acuerdo o enmienda, una situación de emergencia para dejar insubsistente la medida. Y para aquellos estados en los cuales aún no estaba vigente, ¿que sería más conveniente?, si aplazarla o dejar que entrara en vigor y decretar una suspensión sólo con respecto al problema de Covid.
Pero también hay que tomar en cuenta, que muchos establecimientos y sobre todo el ciudadano en Querétaro, ya habían internalizado la práctica de no usar bolsas de plástico, ni popotes en los comercios. Y un aplazamiento, es un mensaje que seguramente ocasionara confusión y cierta pérdida de confianza en la autoridad, que dice una cosa y después hace otra.
¿Entonces qué hacer? ¿Cómo contemplar tanto la protección al medio ambiente y considerar las circunstancias especiales frente al Covid?
Y aquí justo en este punto, se antoja pensar en que el retorno debe ser mejorado, más no regresar a la misma normalidad que teníamos. Las grandes encrucijadas son las que alientan los grandes cambios y ésta debería ser una línea base para la toma de decisiones.
Desde mi punto de vista, aplazar la entrada en vigor de la Ley, atenta contra el marco jurídico, por un lado y por el otro, crea incertidumbre con respecto a las decisiones de las instituciones. Se pudo haber dejado que entrara en vigor y emitir una Norma Técnica Emergente para el uso por un tiempo determinado y en la cual se especificará cuándo, quiénes y de que forma se podrían usar los plásticos desechables. Así de esta forma, se reafirma la voluntad del legislativo que ya había aprobado dicha Ley, se confirma la voluntad de proteger al medio ambiente y se refuerza la práctica ya extendida de miles de ciudadanos y establecimientos que vienen observando esta medida, pero al mismo tiempo, con la Norma emergente, se atiende lo urgente y específico para ciertos sectores, el tipo de plástico y bajó qué circunstancias se usarán los plásticos.
