Como diría la canción de la Boa: el Presidente lo sabe, lo sabe; su director jurídico, también lo sabe, lo sabe; bueno, hasta un estudiante de secundaria que haya cursado civismo, por supuesto que lo sabe, lo sabe. La iniciativa presidencial de realizar una consulta popular para juzgar a varios ex presidentes de México, es una aberración jurídica. El juramento que hizo López Obrador cuando tomó posesión como Presidente, de que respetaría la Constitución, lo ha pisoteado con su capricho delirante.
La iniciativa presidencial no solamente viola el marco jurídico nacional, sino que también es de una ineptitud escalofriante en la metodología científica de las encuestas. La pregunta es larguísima y confusa, dice; “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimiento aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”. Es difícil imaginar tal grado de barbarie jurídica. Si hay un derecho que demanda precisión, es el derecho penal, no existen delitos como concepto genérico, todas las violaciones a la ley deben estar perfectamente descritas y tipificadas. No conforme con esta salvajada, aglutina a los ventaneados, como si estuviera llenando un bote de tamales, metió a los cinco ex presidentes. En el colmo de la demencial revancha, afirma que se les debe investigar y sancionar por delitos cometidos: “Antes, durante y después de sus respectivas gestiones”. Sólo le faltó agregar que se les investigaría y sancionaría por sus posibles malos pensamientos, antes, durante y después de sus respectivas gestiones.
No pude evitar recordar un chiste que circulaba en el 68 e ilustraba la violencia automática de los granaderos contra los jóvenes. Un batallón se encuentra con un grupo de jóvenes, sin más, los golpean. Los estudiantes protestan: “¿Por qué nos pegan?”. El granadero responde: “Por traer armas prohibidas”. Los catean y están totalmente desarmados. Un granadero encuentra que traen dinero y los vuelven a macanear. Los jóvenes protestan: “¿Por qué nos pegan si no traemos armas?”. El granadero responde: “Porque los cachamos, este dinero lo iban a utilizar para comprar armas”.
Un antiguo compañero de lucha del Presidente, el senador Dante Delgado, resume la crítica a la estrategia, afirma: “Someter la aplicación de la ley a consulta pública es un acto de injusticia, perversión y manipulación”. Traduzcamos los calificativos en posibles escenarios: si la Corte acepta que se realice la consulta, dará la espalda a la opinión unánime de los constitucionalistas y su función como órgano de contención del Presidente se habrá lastimosamente perdido, junto con ella la división de poderes; si la Corte niega la convocatoria, servirá de argumento a López Obrador para defender su propósito de juzgar a los ex presidentes y solicitar el voto para mantener la mayoría de diputados. Es triste observar un Presidente zacatón, que no cumple con su responsabilidad de impulsar a la fiscalía para que cumpla la ley; es igualmente triste un Presidente que pone en juego a instituciones como la Corte, que tanto trabajo le han costado al país, con tal de ganar las próximas elecciones. No se vale Presidente.
