El hecho de que le otorguemos, como diría Ortega y Gasset, “el sagrado sacramento del aplauso”, a la investigación y extradición de Emilio Lozoya, no impide que nos indigne la melosa hospitalidad con la que ha sido tratado por las autoridades un pillo cuya acción pública se encuadra en cuanto delito de corrupción pudiera existir. El barullo hueco de regresar al acusado al país, en el que las mismas autoridades planearon una estratagema para que nadie lo viera; el trato con cuidado de abuela para que no visite, ya no la cárcel, ni siquiera los juzgados para que mejor firme, como dicen los anuncios: en la tranquilidad de su hogar, todo esto francamente nos hace dudar de si realmente el objetivo sea aplicar la justicia. Todo indica que estamos ante un espectáculo de circo que se utiliza para distraernos de los graves problemas que aquejan al país. La otra posibilidad es que las leyes y los juzgadores se aprovechan para selectivamente desacreditar y eliminar a enemigos políticos. En este último sentido, permítaseme parafrasear a Díaz Mirón; Lozoya canta, aunque las leyes crujan, como que sabe de la protección de sus patrocinadores.
En la mañanera del lunes, el Presidente enumeró tres ejes en relación con el juicio. Primero: “No se debe ocultar la verdad, que se dé a conocer el video que entregó Lozoya” ¡Aguas! es un dulce envenenado, divulgar la investigación viola el debido proceso y entonces es tanto como abrirle las puertas a Lozoya, ya no para que salga, pues nunca ha entrado a la cárcel, sino para que se arrellane en su sillón favorito y se ataque de risa. Se subsanó este riesgo judicial con un video que, según esto, fue subido por un hermano del imputado. La telenovela no podía quedarse limitada a las acusaciones, se necesitaban imágenes para impedir que se durmieran los espectadores. Tras el video se abre el telón del circo para dar paso a esos personajes obscuros y patéticos, mártires involuntarios: los chivos expiatorios.
Segundo eje: “Recuperar todo lo mal habido, que la nación recupere lo que se obtuvo de manera ilegal”. Grandes satisfacciones provocaría entre los mexicanos que regresara el dinero robado y sin duda colaborará a atenuar la sanción, pero que quede claro, la reparación económica del daño no redime de culpa a los acusados. La lógica jurídica no es: “Te cachamos robando, danos lo que te llevaste y borrón y cuenta nueva”. Seria miniaturizar la sanción de un grave delito.
Tercer eje enunciado por López Obrador: “Si están involucrados los ex presidentes, una consulta ciudadana para que el pueblo decida si se les juzga o no, con toda claridad”. El eje es absurdo por partida doble. Primera, es una aberración jurídica, pues la aplicación de la ley no requiere someterse a consulta popular o a encuestas. Segundo absurdo: La pregunta al pueblo sería: “¿Quiere Usted que se juzgue a los rateros que nos han robado, saqueado y burlado? Subraye la respuesta correcta; SI o NO”. Solamente los acusados, sus familiares, sus cómplices y, por supuesto López Obrador, votarían por el “NO”. Él ya lo ha dicho.
