SERGIO A. VENEGAS RAMÍREZ
Los queretanos Francisco Domínguez Servién y Ricardo Anaya Cortés, entre otros políticos del PAN, aparecen entre los presuntos recipiendarios de los sobornos repartidos por el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para la aprobación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, cuando se desempeñaban como secretario de la Comisión de Energía del Senado y presidente de la Cámara de Diputados, respectivamente.
El dinero para los entonces legisladores del PAN, más de 52 millones de pesos, según medios como Reforma y Código Magenta, siempre a partir de las declaraciones atribuidas al ex titular de Pemex, se repartió por instrucciones del secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, incluidos 6.8 millones para Anaya, presidente en San Lázaro de 2013 a 2014, quien ha negado el hecho, a diferencia del hoy gobernador de Querétaro quien no fijará una postura hasta que haya una acusación “tangible y concreta”.
Finalmente como se lo adelantamos aquí el 1 y 8 de julio pasados: Emilio Lozoya Austin vino a cantar como jilguero en calidad de testigo colaborador bajo el criterio de oportunidad. El gobierno federal se tardó una semana a partir de su extradición, en filtrar las primeras declaraciones del otrora súper operador de Enrique Peña Nieto. Y salpicó hacia todos lados. Indignados, panistas y priístas tratan de lavarse las manos y acusan la utilización mediática de un caso que para ellos no tiene asideras a partir de “los dichos de un delincuente”.
El asunto es ver hasta dónde dan las investigaciones y quiénes aparecen en las supuestas grabaciones. Los rumores, por cierto, están a todo lo que dan. Es más, se asegura que entre los señalados, el menos preocupado es el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, porque los temas eran atendidos por Miguel Martínez Peñaloza y Antonio Rangel.
El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en claro que quizá este asunto no se resuelva legalmente antes del 6 del junio de 2021; es más, tal vez no logre meter a la cárcel a los aludidos por Lozoya. Los delitos, presuntamente se cometieron en 2013 y además, la reforma anticorrupción se legisló ya en el gobierno lopezobradorista y la ley no puede aplicarse de forma retroactiva.
Lo que parece buscarse es la exhibición mediática que le permita a Morena transitar el 6 de junio de una forma menos complicada. Es decir, negociar la no exhibición de los supuestos videos, a cambio de que, por ejemplo, gobernadores como Francisco Domínguez Servién bajen los brazos de aquí al proceso electoral.
Uno de los hilos que comenzará a jalar el gobierno federal será el de los gasoductos. Otro negociazo auspiciado por Felipe Calderón y Enrique Peña. La madeja podría llegar hasta Pancho Domínguez y otros integrantes de las comisiones de Energía en el Senado y la Cámara de Diputados federal de 2012 a 2015.
