Hay más visas canceladas de personas que sin estar en la política, tienen relación con figuras públicas. Personas que vivieron ese tránsito han descrito cómo al llegar a Estados Unidos han sido llevados a un cuarto en el aeropuerto donde agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional los han interrogado sobre sus relaciones con funcionarios y exfuncionarios a los que tienen bajo investigación. En algunos casos los interrogatorios han durado seis horas, al término de los cuales han sido deportados. En otros, en particular del círculo familiar de López Obrador, les han permitido la entrada pero han tenido que acudir a oficinas del FBI en Dallas, particularmente, para interrogatorios informales.
Las visas, comentó un funcionario estadounidense, se han convertido en un certificado de honestidad para los mexicanos. En ese sentido, la recomendación que le hizo a López Obrador el exfiscal general Alejandro Gertz Manero, que se le hizo extensiva a varios miembros del gabinete, líderes de Morena y gobernadores, indirectamente reconocía que en sus filas había deshonestos que podrían tener problemas si buscaban entrar a Estados Unidos. En una primera estimación, una fuente estadounidense calculaba que el total de visas canceladas llegaría a 500 mil, entre funcionarios y exfuncionarios en los tres niveles, así como miembros de partidos, sindicalistas y personas en general, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
El temor entre funcionarios y políticos, notoriamente de Morena, es derivado que están viendo acciones concretas en la cancelación de visas, que solo en un número reducido de suspensiones se ha hecho público. La revocación de visas se realiza de manera discrecional por parte del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, que se establece caso por caso, de acuerdo con la proclamación del presidente Donald Trump que restringe la entrada de “ciertos” extranjeros para prevenir “amenazas de seguridad nacional y de salud pública”.
La cancelación de visas es resultado de un proceso iniciado en el gobierno de Trump donde se han revisado los antecedentes de cientos de figuras públicas y sus relaciones con el crimen organizado, que en el pasado, aunque existía la información, no se había tomado la decisión política de actuar, como señaló una fuente estadounidense. En la clase política del régimen, públicamente minimizan, niegan o caricaturizan que existan listas negras en Washington, pero en los hechos, han optado por no viajar a Estados Unidos. Diplomáticos estadounidenses han entregado a la presidenta Claudia Sheinbaum varias listas de miembros de su partido vinculados con los cárteles de las drogas, y le han pedido que actúe, pues de otra manera, el Departamento de Justicia podría hacer pública una imputación y pedir la extradición.
Entre los nombres de las principales figuras en las listas que han entregado se encuentran gobernadores, legisladores, secretarios de Estado y líderes de Morena. La cancelación de las visas no ha tenido como objetivo central imputarlos, sino que ha servido como una advertencia de que se encuentran bajo investigación. No todos aquellos o aquellas a quienes se les ha revocado la visa, han recibido notificación de ello, por lo que no se sabe cuántos de esos 100 mil que ya no la tienen, están conscientes de su situación.
La cancelación de visas en Estados Unidos no es un trámite administrativo menor ni un gesto burocrático rutinario. Es, en la práctica, un instrumento de poder. Silencioso, discrecional y profundamente político. Cuando Washington cancela una visa, no necesita explicarse; el mensaje va implícito y el destinatario lo entiende con claridad quirúrgica.
Sheinbaum ha sido interrogada varias veces sobre la política de Trump, y ha señalado que es una atribución única y soberana de Washington. Al menos dos gobernadores mexicanos, reveló un funcionario estadounidense, lograron evitar la cancelación de sus visas o lograron condiciones extraordinarias durante un año a cambio de que les proporcionaran información. Los gobernadores, muy cercanos al expresidente López Obrador, se convirtieron en informantes informales de las autoridades estadounidenses.
Varias secretarías de Estado en Washington están involucradas en el monitoreo y seguimiento de la información que tienen, pero el Departamento de Estado está haciendo un seguimiento permanente de figuras públicas en México como nunca lo habían hecho. De este seguimiento pueden derivarse revocaciones de visa, incluidas personas que no tengan relación con el crimen organizado, pero que han tenido posiciones contrarias a las políticas de la Administración Trump o utilicen un lenguaje que pueda ser considerado de odio, que es una de las razones por las que, de acuerdo con la proclamación de Trump, pueden ser sujetos a la cancelación de su permiso para entrar a Estados Unidos.
Pero para un político o funcionario, la cancelación de su visa significa la pérdida de interlocución, margen de maniobra y, sobre todo, credibilidad. Ser persona non grata al norte del río Bravo tiene consecuencias prácticas inmediatas. El daño no es solo personal; es reputacional, institucional y, en algunos casos, letal para una carrera pública. La gobernadora de Baja California, la figura de mayor jerarquía a la que le revocaron la visa, es un ejemplo de ello, aunque la presidenta Sheinbaum haya salido a arroparla. La cancelación de visas es realmente, en el fondo, una forma de diplomacia punitiva. No busca humillar públicamente, sino corregir conductas sin escalar conflictos. La gobernadora procedió a su divorcio, para tirar lastres. Otro gobernador negoció que su familia se quedara a vivir en Estados Unidos. Uno más acudió a la Embajada de Estados Unidos para neutralizar los daños sobre una investigación en curso en su contra.
Durante años se cultivó la idea de que la relación con Estados Unidos podía administrarse desde la retórica nacionalista sin consecuencias reales. Se acabó. Esa ficción empezó a resquebrajarse cuando las visas comenzaron a revocarse.
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