SERENDIPIA
Velan armas
¿Qué pasaría si una estrategia bien armada de la oposición obradorista termina por cortarle las piernas y los brazos a la Cuarta Transformación? Esta preocupación ha comenzado a extenderse en el equipo de Andrés Manuel López Obrador, particularmente en un puñado de oficinas jurídicas vitales para enfrentar las controversias constitucionales que han comenzado a llover contra algunas de las propuestas más importantes de AMLO. Es un asunto complejo que involucra a los tres poderes y en concreto a uno que se perfila como esencial para preservar los equilibrios, regular las relaciones entre la sociedad y las autoridades, y resolver sentencias a favor o en contra del gobierno de la República, los siguientes seis años: el Poder Judicial de la Federación, y laSuprema Corte de Justicia.
La ruta de la ofensiva legal que enfrentará el Gobierno federal comienza con las iniciativas que la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Julio Scherer, se encarga de elaborar y presentar ante el Congreso. Una vez presentadas las iniciativas –un ejemplo es la que reformó en septiembre la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que ningún servidor pueda ganar más que el presidente–, entran en juego otros espacios de decisión en el Congreso –por ejemplo, en la Cámara de Diputados– donde una dirección jurídica, cuyo papel ha sido poco trascendente, podría convertirse en una oficina de primera importancia como encargada de responder a las pruebas y requerimientos derivados de las controversias
constitucionales.
Para dar una idea de la importancia de esta oficina jurídica, una de sus últimas responsabilidades fue defender, ante los requerimientos de la SCJN, la Ley de Seguridad Interior aprobada por la anterior legislatura, a iniciativa del gobierno del presidente Peña.
Los ministros de la SCJN declararon inválida la Ley de Seguridad Interior, en una votación que se saldó con nueve sufragios a favor de la cancelación, uno en contra y una abstención. La dirección jurídica de la Cámara de Diputados fue derrotada.
Una buena parte de los proyectos propuestos por AMLO se resolverán por la vía legal, lo que supone que ambos bandos, el gobierno y la oposición y otros sectores se enfrentarán respaldados en unos sólidos equipos legales. En el PAN se rumora la intervención de destacados abogados de pertenencia panista, como Diego Fernández y el ex presidente Felipe Calderón en la elaboración de los amparos y la ofensiva legal que desatarán contra las iniciativas del presidente López Obrador.
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Lo que no se sabe –y tampoco se percibe hasta ahora– es si el gobierno obradorista y las bancadas mayoritarias de su partido, Morena, en ambas cámaras del Congreso, están siendo tan estratégicas como sus adversarios para tomar decisiones que les permitan defender las reformas constitucionales que darán forma al proyecto de nación de AMLO. ¿La Cuarta Transformación en un hilo?