ACUSAN DE VIOLADOR A COMISARIO DE LA PF
Salvador Cruz Neri, Coordinador de la Policía Federal en Querétaro, fue acusado de violación e intento de homicidio en pasadas fechas por Margarita González Carpio, quien se desempeña como Suboficial de la misma corporación en la entidad. Tras los hechos, la ofendida ha tratado de denunciar al funcionario federal, pero ninguna dependencia aceptó tomar el caso.
De acuerdo con un texto publicado por El Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM CANCÚN A.C) y El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) en el portal de 4vientos.org.mx, se menciona a través de las directoras Lydia Cacho y Alicia Castro que el Coordinador en Querétaro habría abusado sexualmente de su expareja sentimental en febrero y septiembre de este año la habría golpeado brutalmente tras negarse a realizar el acto sexual.
En la narración de los hechos que denuncia la ofendida González Carpio, fue el pasado 24 de septiembre cuando Salvador Cruz Neri arribó a su domicilio en su camioneta Suburban blindada, color negra, acompañado además de su guardaespaldas. Ahí él pretendía obligarla a tener relaciones sexuales, pero ella trató de defenderse y en consecuencia el funcionario federal habría optado por golpearla a tal grado que necesitó que su guardaespaldas lo detuviera.
De ese modo la ofendida, llena de marcas por los golpes acudió a recibir apoyo médico en el hospital del ISSSTE en Querétaro, donde fue atendida por Guadalupe Pérez. En ese momento -a ese sitio- también arribaron efectivos federales para tratar de evitar que Margarita González hablara.
En razón con las aseveraciones realizadas por Alicia Castro a PLAZA DE ARMAS, no ha existido dependencia alguna que ha decido tomar la denuncia de parte de Margarita González; en ese entonces en primera instancia se acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) delegación Querétaro; sin embargo el caso no fue aceptado y se simplificó todo con un certificado médico, del cual la ofendida no recibió copia alguna a pesar de su insistencia por obtenerla.
Posteriormente acudió a la Fiscalía especializada para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas (FEVIMTRA), instancia que forma parte de la misma PGR, ahí fue atendida por Sara Irene Herrerías y se le realizaron otros estudios; se le indicó que dado que Salvador Cruz Neri estaba fuera de sus funciones cuando la habría agredido entonces debía acudir a la Procuraduría General de Justicia del Estado al tratarse de un delito del fuero común; lo que al fin y al cabo pasaría si aceptaban en la FEVIMTRA la querella.
Sin embargo, a decir de Alicia Castro tampoco la PGJ del estado quiso tomar conocimiento de los hechos y en consecuencia la víctima Margarita González acudió a las dos organizaciones civiles antes mencionadas para pedir el apoyo y protección; debido a que al temer por su integridad física la ofendida se encuentra actualmente escondida.
En el texto publicado por las organizaciones civiles se señala que el Coordinador Cruz Neri tendría amistades con altos mandos en el gobierno y que en consecuencia esa sería la razón por la cual hasta el momento el caso no ha querido ser tomado por las autoridades. De hecho se indica que él cuenta “con la protección del comisario Luis Cárdenas Palomino quien es su jefe inmediato, y actualmente es jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal”.
Salvador Cruz Neri tiene desde el primer día del mes de marzo con el encargado del destacamento Querétaro de la Policía Federal; antes había liderado la corporación en Morelos. Cuando llegó a la entidad señaló su gusto por el trabajo operativo y que en consecuencia no le agradaba estar tanto en la oficina sino también ser parte de las acciones de su instancia.
La finalidad del texto que se difunde es hacer un llamado a las instancias correspondientes de todos los niveles de gobierno para que atienda la problemática y que se investiguen los hechos.
Las fechas en que se habría realizado los certificados médicos que avalarían el maltrato son del 25 de septiembre por parte de la PGR, del 26 por la FEVIMTRA y del 27 por la Procuraduría General de Justicia.
