Por María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Sin duda en México, durante la segunda mitad del siglo pasado y lo que ha transcurrido del presente, las mujeres de todo el mundo hemos venido conquistando espacios que tradicionalmente eran exclusivamente para hombres.
Baste decir que hoy, el 52% de los títulos universitarios que se expiden en nuestro país, corresponden a mujeres; y en lo laboral, mientras que el personal ocupado crecía 1.4% promedio anual, las mujeres ocupadas superaron ese promedio con una tasa de 2%.
Hoy, las mujeres desarrollamos actividades que eran impensables, dada nuestra condición femenina, aún y cuando todavía se cuestiona la capacidad; el talento; experiencia suficiente; efectividad para obtener resultados, falta de independencia en la toma de decisiones en un cargo de alta responsabilidad; prevalencia de la emoción sobre la razón
Ha habido avances, aún hay mucho camino por recorrer, todavía las mujeres, a lo largo y ancho del país, siguen siendo víctimas de violencia intrafamiliar, laboral, sexual y política. En 2016, casi 300,000 mujeres víctimas de violencia fueron atendidas en refugios y centros de justicia
y solo el 13% de las empresas cuentan con mujeres en cargos directivos.
Por lo que hace al trabajo legislativo federal, en esta Sexagésima Tercera Legislatura hemos aprobado cambios a las leyes en favor del ejercicio de los derechos de las mujeres, tales como:
a) La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: en la que se reivindica el derecho de las mujeres a la propiedad y tenencia de la tierra y a su participación igualitaria en las actividades económicas del medio rural; y
b) En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se fortaleció la coordinación de acciones entre los diferentes órdenes de gobierno para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres de nuestro país, así como la creación de Centros de Justicia para las Mujeres que atiendan de manera integral las necesidades inherentes a casos de violencia de género y la obligación del Ministerio Público para dictar las medidas de protección de emergencia y preventivas sin necesidad de autorización judicial en aquellos casos donde haya un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de las mujeres.
Estos datos nos ofrecen un panorama lleno de contrastes. Si bien hacen evidente la riqueza que las mujeres mexicanas representan en la construcción del bien común, del que nos beneficiamos todos, también nos permiten darnos cuenta que todavía son muchas las mujeres que
enfrentan condiciones de vida y obstáculos para alcanzar su plena participación, en condiciones de igualdad, en la vida política, civil, económica, social y cultural de nuestro país.
Por eso afirmo que necesitamos intensificar esa lucha por los derechos de la mujer, sin más regateos ni contratiempos. Necesitamos romper, de una vez por todas, los techos de cristal.
Tenemos que posicionar una nueva visión de la equidad de género que erradique la violencia física, social, laboral y política contra las mujeres.
Una visión que genere las condiciones necesarias para una verdadera igualdad de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida.
Estoy convencida que las mujeres podemos aportar capacidad, talento, honestidad, alto sentido de responsabilidad y una visión humanista en lo político, en lo social y en lo económico, para construir un país con desarrollo, con equidad y con justicia.
Este reto es particularmente urgente cuando se trata de defender a nuestras mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Es impostergable nuestro compromiso para legislar en favor de las mujeres que viven en situaciones de violencia, de pobreza, de marginación. En particular, grupos como las mujeres indígenas o las mujeres migrantes o esposas de migrantes.
Tenemos la obligación de elaborar leyes que eviten que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación; para qué, nunca más ser niña, adolescente o mujer en nuestro país, sea una desventaja.
Ni un caso más de feminicidio, discriminación o abuso que ponga en peligro el bienestar de toda mujer.
(*) Mujer queretana y Presidenta de la Cámara de Diputados, LXIII Legislatura federal.
