Habitantes de la comunidad indígena de El Coyote, en el Municipio de Ezequiel Montes, con más de 100 años de antigüedad, denunciaron el despojo de sus tierras, a pesar de tener una suspensión dictada por el juez IV de Distrito contra la orden de la juez de Control María Teresa González, hecho ignorado por la fiscal de acusación de Cadereyta, Jessica Areli López Briseño.
Medio centenar de familias afectadas y a las que ya les han comenzado a derribar sus viviendas, dentro de las 174 hectáreas en conflicto, de las que siembran 26 y en donde tienen bordos de agua y animales de pastoreo.
Las tierras, ubicadas al lado de las granjas de Pilgrims, están sujetas a un viejo litigio entre los ocupantes y los herederos del finado Leopoldo Vega Montes y los empresarios que están iniciando un fraccionamiento en la zona, representados por el licenciado Ricardo Almanza y José Luis Hernández Higareda.
La semana pasada procedieron al desalojo, apoyados con hombres armados (presuntos policías con chalecos de la desaparecida DID) y en lo que consideran una flagrante violación a sus derechos, ignorando la suspensión provisional emitida por juez federal. Incluso se agredió al abogado Víctor Mora Cardador por parte de uno de los supuestos agentes cuando pretendió presentar el documento a la fiscal de acusación de Cadereyta, Jessica Areli López Briseño.
La juez consideró que el despojo fue realizado por los miembros de la comunidad, liderada por Patricia Camacho Ramírez, y señaló para restitución provisional el día 28 de este mes, sin tomar en cuenta los elementos de prueba y un juicio de prescripción radicado en el Juzgado Mixto Civil de Cadereyta, en el cual se reclama la posesión pública, continua, pacífica y de buena fe por parte de las familias.
Luego de la acción emprendida, los desarrolladores metieron perros rottweiler que han comenzado a devorar los borregos y otros animales de los indígenas, que también perdieron barbecho, bordos de agua y casas.
El abogado Mora Cardador solicitará el próximo lunes una audiencia de nulidad de actos procedimentales por violación a los derechos humanos y violaciones a formalidades esenciales del procedimiento. Argumentó que los indígenas poseen ese predio desde hace más de un siglo y que, incluso, el ahora finado Leopoldo Vega Montes reconoció en 1994 a la comunidad de la superficie mediante un documento firmado en la Presidencia Municipal de Ezequiel Montes.
POR: FERNANDO VENEGAS RAMÍREZ
